El Peritaje al Proyecto Conga I

Los hechos ocurridos en torno a la viabilidad del Proyecto Conga, ha sobrepasado el ámbito sectorial, para convertirse en un tema de interés nacional.

Y sin duda, las reacciones de quiénes se oponen a este Proyecto dependerá en buena medida, de la reacción que tenga el Gobierno y ahora la trasnacional, respecto a los resultados del Peritaje Internacional preparado por tres expertos en la materia.

Dicho lo anterior, deja mucho que desear algunas opiniones vertidas por algunos personajes del Gobierno, que antes de conocer estos resultados manifestaron que “los resultados del peritaje no tendría carácter vinculante”, que lo único que hizo fue avivar los ánimos de aquellos opositores a la ejecución del Proyecto.

Aunado a ello, se ha venido publicando reportajes o publirreportajes, mencionando que un incremento de US$ 500 millones al Proyecto inicialmente concebido, pondría en riesgo la rentabilidad del mismo, en clara alusión a la implementación de mejoras propuestas por los peritos.

No obstante ello, el Presidente Ollanta Humala ha manifestado que la empresa Yanacocha deberá cumplir con las condiciones previstas en el Peritaje Internacional practicado, como condición para ejecutar el Proyecto Conga.

Es necesario advertir, que un proceso para ser lo suficientemente transparente, que evite  interpretaciones tendenciosas o equivocadas por aquellos detractores del Proyecto, debe procurar proporcionar -ya que el Gobierno ha mencionado que el Peritaje se haría público- la información completa. Sin embargo, el Informe del Peritaje Internacional presentado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, es un documento incompleto, y justamente es el Dictamen Final preparado por los tres profesionales, el que fue retirado del mismo, y no es posible conocer en síntesis las propuestas elaboradas por los citados profesionales.

Otro hecho importante, es que cuando se quiera dar solución a un impase como el sucedido con el Proyecto Conga, es necesario contribuir a crear un clima de amplia transparencia y confianza entre los involucrados, y en consecuencia, es necesario que al trazar la estrategia de solución, se defina la participación de las partes en el mismo o se determine de manera conjunta el procedimiento para lograr determinados objetivos y en eso creo que fallaron ambas partes.

Y siguiendo la lógica descrita en el párrafo anterior, lo prudente hubiera sido:

(1)     Determinar con precisión entre las partes involucradas (representantes válidos de los que se oponen al Gobierno, el Gobierno y la empresa Yanacocha), el principal motivo del impase, que según se ha podido desprender en los medios de comunicación, recae en evitar el desabastecimiento de agua a Cajamarca y centros poblados aledaños.

(2)     Asumir por escrito, un compromiso entre las partes involucradas (representantes válidos de los que se oponen al Gobierno, el Gobierno y la empresa Yanacocha), en que la que la Empresa y el Gobierno manifiesten que respetarán o mejorarán los volúmenes de las fuentes de agua en el entorno del Proyecto Conga y contribuirán armoniosamente en la implementación de las recomendaciones propuestas a fin de evitar tal desabastecimiento.

(3)     Contratar consultores (personas naturales o jurídicas) con el objeto de encargarles la revisión del Expediente Técnico del Proyecto Conga en su componente hídrico, bajo un procedimiento de selección que asegure total imparcialidad y objetividad en sus resultados.

(4)     Que una vez concluido los resultados del Peritaje Internacional, los Opositores, Gobierno y Empresa, discutirán los alcances de las recomendaciones propuestas a fin de analizar las características y alcances de su implementación, otorgando para ello, un plazo prudente para su ejecución.

(5)     Firmar Opositores, Gobierno y Empresa un Acta de Compromiso, mediante el cual definan las acciones a seguir, en el marco de la implementación de las recomendaciones propuestas en el Peritaje.

(6)     Que la Empresa ejecute las acciones comprometidas en conjunto, en el tiempo pactado.

Lo lamentable es que sólo se llegó a establecer el motivo del impase, pero no hubo mayor consistencia en las demás acciones realizadas por el Gobierno. Tal es así, que muchos de nosotros vimos con sorpresa, como de la noche a la mañana, El Gobierno había contratado a tres profesionales internacionales, sin mayor evidencia de la forma como fueron seleccionados (no es una crítica a la calidad ética, técnica ni profesional de cada uno de ellos), lo que es aprovechado “ahora” por el Sr. Santos, para minimizar la calidad técnica y profesional de los mismos.

Ese tipo de acciones cuasi impuestas, ocurre cuando la autoridad (el Gobierno) asume que los demás deben acatar sus disposiciones, con la desatinada opinión de establecer “el sentido de autoridad”, lo que no debe ocurrir cuando ingresas a una etapa de negociación como la que se inició con las partes opositoras, en donde debes buscar un escenario en el que ambos deban salir ganando.

Otro aspecto no mencionado, es que este Peritaje Internacional, demuestra asimismo, que al haberse encontrado deficiencias en los Estudios Definitivos del Proyecto Conga (por lo que es necesario realizar estudios complementarios y ejecutar otras acciones a fin de hacer viable el proyecto), es conveniente preguntarse:

¿Cómo es que los Ministerios encargados de evaluar este Proyecto, no advirtieron dichas deficiencias?

¿La aprobación de Dichos Estudios Definitivos ha sido realizado de manera transparente, objetiva, diligente y eficiente?

¿Debe mejorarse el nivel de los funcionarios encargados de evaluar los proyectos de esta magnitud? ¿Cuál es la responsabilidad de estos funcionarios?

¿Cuál es la responsabilidad de los Ministros en cuya gestión se aprobaron dichos Estudios?

¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno en este tema?

Por otro lado, este suceso se ha visto sobredimensionado por la recurrente percepción ciudadana, en el que el objetivo de las mineras es hacerse ricos, sin importar la destrucción del medio ambiente y de la salud de los pobladores circundantes a los proyectos en ejecución. Está demás decir que las poblaciones en cuya jurisdicción se explotan los recursos naturales, no han advertido mayor crecimiento social y económico, y menos una mejora en su salud, por el contrario, han sometido a poblaciones a vivir con altos niveles de minerales en la sangre, con lamentables consecuencias futuras para sus pobladores adultos y niños, y todo esto, con anuencia del Estado.

Todos los peruanos deseamos que este impase sea superado, y tanto la población de Cajamarca como la Empresa Yanacocha, logren cubrir sus expectativas con el menor impacto del Proyecto en el ambiente y en sus recursos.

Sin duda, estamos concientes que la inversión privada contribuye al crecimiento y desarrollo del país, pero estas inversiones foráneas o nacionales, tienen que ser ejecutadas en estricto respeto al medio ambiente, a sus pobladores, a sus recursos vitales y en cumplimiento de las normas establecidas para dicho fin.

¿Mal uso de los Procesos por Exoneración?

A raíz del reportaje realizado por un programa televisivo dominical, respecto a la presunción de un mal uso por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de la figura del “Desabastecimiento Inminente” para contratar directamente con un determinado proveedor sin la necesidad de realizar el proceso de selección correspondiente, me motivó a recurrir al SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, www.seace.gob.pe) para tener una idea del uso o “abuso” que las instituciones públicas hacían de esta excepción.

De acuerdo al Artículo 22 de la Ley de Contrataciones vigente, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, “se considera Desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección que corresponda”.

Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua Española “Inminente” se refiere a un evento que está por suceder prontamente, “Extraordinario” es un suceso fuera de lo común e “imprevisible” un evento que no se puede preveer.

Expuestos los términos y definiciones, en estricto la Entidad puede optar por contratar directamente con un proveedor mediante la figura de un “Proceso por Exoneración” bajo la causal de “Desabastecimiento” (se han previsto otras causales en la Ley de Contrataciones), siempre y cuando confluyan las tres situaciones mencionadas en el párrafo anterior, por lo que en un terremoto, maremoto, incendios de escalas mayores por tiempo indefinido, pueden resultar eventos válidos para ello.

No obstante el caso particular relacionado con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de acuerdo a los datos del SEACE, las Entidades Públicas recurren a este tipo de procesos por exoneración involucrando algunos millones del Presupuesto Público.

Cada año, las Entidades Públicas de nuestro país adquieren y contratan bienes, servicios y obras, por un monto aproximado promedio de S/. 40,000 millones, de los cuales una parte no despreciable es contratada o adquirida mediante “Exoneraciones”.

Así, el monto adjudicado mediante procesos de exoneración fue el siguiente:

Año 2007:   S/.    616 millones,

Año 2008:   S/.  1,110 millones,

Año 2009:   S/.  2,565 millones,

Año 2010:   S/. 2,515 millones y

Año 2011:   S/. 2,850 millones,

representando un incremento de dicho monto adjudicado entre el 2007 y el 2011, de aproximadamente 362%.

Ahora, si a los montos adjudicados vía Procesos por Exoneración, sumáramos los procesos con contratación o adquisición directa que realiza Petro Perú, con autorización del Estado, la suma es aún más importante:

Año 2007:   S/.   1,964 millones,

Año 2008:   S/. 20,900 millones,

Año 2009:   S/. 16,506 millones,

Año 2010:   S/.   4,181 millones y

Año 2011:   S/.  6,028 millones.

Son cifras sin duda importantes, por lo que los Órganos de Control Interno de las Entidades Públicas y la misma Contraloría General de la República, debe asegurarse que los contratos originados como producto de los procesos por exoneración y contrataciones o adjudicaciones directas mencionados, cumplan con los principios de transparencia, moralidad, imparcialidad, razonabilidad y economía, previstos en la Ley de Contrataciones, y en el caso los procesos por exoneración por la causal de Desabastecimiento, deben constatar que los supuestos por los que justifican la aplicación de los mismos sean válidos y verificables en la concurrencia de las características de inminente, extraordinario e imprevisible, como requisito indispensable para alegar dicha situación.

La población no debe permitir que las autoridades usen los recursos del Estado (con el aporte de todos los peruanos) como les parezca, ni haciendo abuso de los cargos que ostentan "temporalmente", ni beneficiando intereses propios o de terceros, en desmedro del bienestar público.

Cuando se pierde la perspectiva en la Lucha contra la corrupción

El domingo 06 de noviembre el Sr. Ollanta Humala - Presidente de la República del Perú, mencionó en una conferencia pública televisada "...que haría bien que el Vicepresidente de la República (refiriéndose al congresista Omar Chehade) dé un paso al costado", evidenciando (por lo menos eso es lo que parecía) que él no avalaría una conducta como la que se le viene atribuyendo a su segundo Vicepresidente, que de comprobarse dicho acto se configuraría como "tráfico de influencias". Parecía pues, que el Presidente le quitaba la confianza y que su lucha contra la corrupción sería implacable sin distingo de quienes se encuentren involucrados en actos de ese tipo.

Luego de esa manifestación pública hecha por el Presidente Ollanta Humala, se esperaba que la misma generará una presión tal, que obligaría al congresista Omar Chehade (por dignidad y considerando que el Presidente le estaba quitando -públicamente- su confianza) a dimitir del cargo de segundo VicePresidente.

Sin embargo, de acuerdo a comentarios realizados por congresistas de diferentes bancadas, no existe legalmente la figura expresa de dimisión del cargo de segundo VicePresidente, por lo que al parecer la única salida la tendría la Comisión de Ética del Congreso. En tal sentido, si dicha Comisión llegara a la conclusión que el congresista Chehade cometió las faltas imputadas, podría sugerir su desafuero, entiendo, por incapacidad moral.

Por lo manifestado, si tomamos en cuenta la interpretación de la Constitución Política del Perú que han hecho algunas personalidades en la semana que pasó, el Comunicado difundido por el congresista Omar Chehade mediante el cual menciona que mientras la Comisión de Etica realice la investigación correspondiente, no asumirá la función de Vicepresidente, no consitutuiría un instrumento legal válido. Desde el punto de vista político, se esperaba un mayor desprendimiento del congresista Chehade quien con este suceso ha perdido mucho, y es poco probable que la imagen personal y profesional proyectada por el durante la campaña electoral (capitalizada adecuadamente), las recupere en el corto o mediano plazo.

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el cargo de Presidente de la República puede ser vacado -entre otras motivos- por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso o por renuncia aceptada por el Congreso. Si estas opciones son válidas para el Presidente de la República, es totalmente lógico pensar que para los vicepresidentes se pueden aplicar las mismas figuras de vacancia, en el entendido que no podrían tener mayores prerrogativas que el Presidente de la República.

No obstante lo mencionado, es sorprendente que el Presidente Ollanta Humala mencione desde Hawaii (donde se llevaba a cabo el Foro de APEC), que el tema ya esta cerrado y "que el Vicepresidente ya dió el paso al costado", pareciéndole que el comunicado mencionado (documento no oficial) era suficiente para dar por culminado el tema, y que ahora existen en agenda otros temas más importantes. Sin duda, es otro gesto políticamente incorrecto del Presidente, ya que la Política Anticorrupción debe combatirse diariamente y sin miramientos de ningún tipo, con estrategias adecuadas y con un alto compromiso de parte del Estado, de lo contrario su Gobierno se convertirá en más de lo mismo, dejando de lado la posibilidad de desarrollar e implementar "su gran transformación".

Los peruanos esperamos, que los miembros de la Comisión de Etica estén a la altura de las expectativas que hemos puesto en ellos y reviertan con una investigación prolija e imparcial y resultados objetivos, el deterioro de la imagen que este Congreso ha logrado en tiempo record (100 días de gestión).

Debilidades de nuestras fuerzas armadas y policiales

De las Fuerzas Armadas

En la última semana, hemos podido apreciar el nivel de deterioro, vejación y desamparo político y legal en el que se encuentran nuestras fuerzas armadas y policiales.

Para empezar, desde los años 80`s nuestro país vivió el asedio terrorista más desalmado de su historia, acompañando su accionar con coches bombas, matanzas colectivas, secuestro de niños (de los poblados más pobres del interior) para adoctrinamiento y adiestramiento en el uso de armas, aplicación de los cupos (que no era otra cosa que pagar por vivir), asesinatos de personalidades polìticas, gremiales, periodistas y civiles inocentes que no compartieran su "ideología" y cobardes emboscadas en el interior del país.  Habían tomado posesión de zonas geográficas, comúnmente denominadas "zonas rojas" o "zonas de emergencia".

Es por eso que de acuerdo a la constitución, las Fuezas Armadas y la Policìa Nacional tomaron acciones con la finalidad de garantizar, mantener y reestablecer el orden interno de dichas zonas con presencia terrorista, arriesgando los elementos policiales y de las fuerzas armadas, sus propias vidas, en defensa de los ciudadanos, ciudades y pueblos secuestrados por los terroristas.

El inicio de las operaciones terroristas en el interior del país, hizo que muchas familias, por el instinto de sobrevivencia, decidieran mudarse a Lima, a la que veían como una ciudad menos desamparada en cuanto a seguridad y con mayores oportunidades de desarrollo para sus integrantes. Ahi empezó a generarse con más fuerza las migraciones a la capìtal, con las consecuencias que ahora vemos (invasiones y crecimientos mal estructurados, crecimiento de la informalidad, limitación en el accesos a los servicios básicos, incremento de la población ubicada en la línea de pobreza y extrema pobreza, malnutrición infantil, entre otras).

Después del daño causado, ahora estamos frente a un escenario en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende encausar en el Fuero Común (vía un nuevo juicio) a todos los comandos que participaron en la operación de rescate en la Embajada del Japón por las ejecuciones extrajudiciales de tres terroristas. Si bien, un delito como ese merece ser analizado y encausado, no es posible que involucren a todos los que participaron en el. 

Debe separarse entonces la paja del trigo, y centrarse en aquel o aquellos que dieron la orden de hacerlo y en aquellos que lo ejecutaron (sin perder de vista que las fuerzas armadas son instituciones de estrcuturas verticales) y el Gobierno Peruano debe (asumiendo la inocencia de ellos hasta que se pruebe lo contrario) asistir legalmente a los oficiales involucrados en el tema. No todos tiraron del gatillo, no todos dieron la orden. Es a todas luces una recomendación excesiva.

De la Policía Nacional

Con un poco de verguenza ajena, hemos podido apreciar, la forma como la Policía Nacional, ante intervenciones "menores" (personas manejando un auto, con evidencias de un consumo desproporcionado de alcohol), son maltratados, vejados, golpeados, insultados y peor aún grabados en dichas situaciones. Nunca había visto -por lo menos tan explícitamente como ahora- a una Policía Nacional tan débil, tan vapuleada, tan llevada a menos, a vista y paciencia de la población entera, de sus autoridades, de su Ministro del Interior, de su Presidente de la República.

¿Son esos miembros de la Policía Nacional los que combatirán la delincuencia en nuestras calles? ¿Son esos miembros de la Policía Nacional a los que debemos respetar, si ellos mismos institucionalmente no se hacen respetar? ¿Cuán desprotegidos se encuentran sus miembros para permitir ese tipo de actitudes de sujetos visiblemente alterados por el alcohol?

¿Esa es la sociedad que queremos para nuestros hijos: que ante la ineficiencia e inacción de nuestra Policía Nacional, tengamos que aplicar justicia por nuestras propias manos? ¿Que estàn haciendo nuestras autoridades para remediar actitudes como esa? ¿Que esperan para fortalecerla y dotarle de los recursos necesarios?

La única sensación que nos deja las imágenes difundidas, es la de Verguenza Ajena...!!!! Es una pena.

Indignación Global

Este 15 de octubre pasado, se llevó a cabo en 951 ciudades del mundo una de las jornadas de expresión social más grandes a nivel mundial. Dicha jornada tiene como antecedente una serie de protestas ocurridas el 15 de mayo del presente año en España, y cuyo objetivo es la de expresar su rechazo y disconformidad con el dominio predominante de las grandes corporaciones e instituciones financieras a nivel global, cuyos negocios han producido en los últimos años una de las más grandes, sino la mayor crisis mundial de nuestra historia, llevando casi a la bancarrota a países enteros y afectando en gran medida a otros, incrementándose los niveles de desempleo y en consecuencia impidiendo el acceso a la seguridad social, generando además desequilibrios sociales, medio ambientales y económicos, afectando a los que menos tienen y de paso, generando un alto riesgo para las generaciones futuras de nuestros propios países (debido a la degradación de nuestras tierras, nuestra agua y el crecimiento de la brecha entre los que más y menos tienen en términos económicos).

Siempre he pensado que los pueblos tienen un nivel de tolerancia extremadamente alto (algo parecido a una olla de presión), pero que cuando las condiciones del entorno y determinados actos se vuelven recurrentes con un alto grado de desaprobación o malestar popular, producen una sensación de hartazgo bastante elevado, generando en el pueblo reacciones como las ocurridas en nuestro país en 1992 (disolución del Congreso con aprobación mayoritaria del pueblo) y en el 2000 (la Marcha de los Cuatro Suyos en contra de un gobierno con evidentes muestras de corrupción y violación de los derechos humanos).

Ahora, el fenómeno de la globalización ha traído como consecuencia brechas sociales y económicas bastante amplias. Creo que el proceso de globalización ha traído un crecimiento bastante importante en Latinoamérica, pero no obstante ello, el nivel de pobreza no se ha reducido drásticamente, principalmente porque la globalización ha favorecido una mayor utilización de tecnología de punta, favoreciendo un menor uso de mano de obra técnica o profesional y en consecuencia mayores niveles de desempleo e ingresos bajos o muy bajos, que permiten sólo cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, el nivel de exportaciones de productos tradicionales se ha visto incrementado, no obstante aún no logramos dar el salto a la transformación de materias primas que sería intensiva en mano de obra. Sumado a esto, nuestros países latinoamericanos no ejercen o se hacen de la “vista gorda” al momento de fiscalizar a las trasnacionales que explotan nuestros recursos y generan un impacto negativo en nuestro medio ambiente (solo fijémonos en las actuaciones de los sucesivos gobiernos de nuestro país, frente a las mineras formales e informales, en los últimos 20 años).

No obstante lo mencionado, no creo que la globalización como proceso esté mal, sin embargo promover la globalización como un proceso totalmente abierto sin ningún tipo de control de importaciones de productos subvaluados ni protección a la propia industria nacional, creo que es totalmente dañino, ya que ni los propios impulsores de este proceso (países desarrollados) en su aplicación más amplia, lo cumplen.

Por lo tanto, manifestaciones y protestas como las del 15 de Mayo y el 15 de Octubre no deberían sorprendernos, ya que si analizamos los países de nuestra región, la elección de gobiernos con tendencia socialista como Venezuela, Brasil, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú, representan una expresión popular de que el crecimiento advertido en nuestros países requiere de una mayor inclusión social (para que llegue a la mayoría), que no genere sólo apoyo ni creación de programas sociales (que de por sí son buenos para la población de extrema pobreza), sin embargo, si es necesario que promueva la generación de políticas a corto, mediano y largo plazo, con creación de un mayor nivel de empleo, que incentiven la promoción de industrias de productos terminados, que permitan el acceso a la salud, a infraestructura vial para la salida de la materia prima del interior del país, a incentivos para promover una mayor formalidad, implementación de una mayor participación pública-privada en beneficio del Estado, que implementen políticas claras y justas para la mitigación del impacto medio ambiental producidos por las mineras formales (con un compromiso serio de erradicación de la minería informal) y que el esquema de concesión de tierras otorgados por el Estado para la explotación de terceros sea revisado y mejorado.

Los indignados no hacen más que recurrir al derecho que tiene el pueblo (emanado de nuestras constituciones) de hacer sentir su voz (y su malestar), y creo que es el momento de escuchar la llamada de alerta.

La Violencia y el Fútbol

Después de los sucesos ocurridos el sábado 24.09.2011, en el clásico del fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, con el saldo de un hincha aliancista fallecido tras una gresca producida en los palcos, entre hinchas de ambos equipos; solo podemos expresar nuestros mayores deseos de que desenlaces como éste no ocurran nuevamente. Si bien el fútbol desencadena en los hinchas pasiones, euforia, sentimientos y orgullo colectivo, un espectáculo deportivo como el organizado, no debería verse manchado por comportamientos de extrema violencia con consecuencias fatales como los vividos, y los cuales han puesto “una vez más” sobre el tapete las decisiones o estrategias que deberían adoptar las autoridades de gobierno y los mismos clubes deportivos, con la finalidad de evitar actos que afecten la integridad física y la vida de las personas que asisten a un Estadio o espectáculo deportivo.

Debe quedar claro que la actitud y comportamiento de unos cuantos hinchas (desadaptados y extremadamente violentos), no puede ser traducido como un elemento endosable a todos los hinchas de un equipo determinado que alientan, animan y siguen al equipo de sus preferencias.

No obstante lo mencionado, los precedentes de violencia en el fútbol con desenlaces fatales, nos permiten inferir que en ésta –como en anteriores situaciones- no se logrará nada, y el interés por el tema por parte de los llamados a darle solución (Ministerio del Interior, Poder Judicial, INDECI, Clubes Deportivos, Municipalidades y Medios de Comunicación, entre otros) se irá diluyendo en las siguientes semanas. Salvo una decisión política, que promueva una solución real para evitar más tragedias como la sucedida.

El empadronamiento de los hinchas -promovido hace algunos años y dejado en el olvido después- es un requerimiento inicial, y debe ser realizado por los clubes deportivos y su implementación debe ser fiscalizado oportunamente por la autoridad competente (Ministerio del Interior).  Si a esto le agregamos el uso de tecnología (enlazados con la RENIEC, la Policía Nacional y el Poder Judicial), se podría promover el uso del DNI (creo que este documento debe ser ampliado inclusive a aquellos menores de edad de manera obligatoria. Este trámite actualmente es voluntario y se realiza en cualquier Oficina Registral del RENIEC a nivel nacional, por intermedio de la Madre, el Padre, o el Tutor.) en los accesos, con la finalidad de evitar dentro del Estadio a personas con antecedentes delicuenciales, que permita mejorar razonablemente el clima interno durante el evento, al dejar de lado elementos nocivos y disociadores, que tienden a promover e incitar los actos de violencia.

Las Municipalidades tienen una gran responsabilidad igualmente, y deben ser ellos con el apoyo de Defensa Civil, quienes previo al evento deportivo (o a cualquier evento que congregue multitudes), verifiquen conjuntamente con los organizadores si el evento cuenta con elementos que aseguren la existencia de vías de evacuación ante siniestros, resguarden la integridad física y la vida de los asistentes y el registro visual de actos vandálicos y/o de alto riesgo (si esto no lo hacen debería estar dentro de sus funciones), cuyas probabilidades de ocurrir son altos en los partidos, y con mayor razón en los clásicos deportivos. Si algún elemento de seguridad no se encuentra adecuadamente implementado, la Municipalidad debe impedir la realización del evento. Sería necesario inclusive, que durante el evento se designe a un grupo de fiscalizadores municipales con el apoyo de Defensa Civil, con la debida autoridad para requerirle al organizador, las correcciones que sean necesarias efectuar, bajo pena de multa.

El Ministerio del Interior, no puede excusarse diciendo que como los palcos eran propiedad privada no podían asignar policías a dicha zona. Nadie pide que los policías estén dentro de los palcos, pero si hubieran estado en número suficiente en cada pasadizo de la zona de palcos, es posible que la reacción de ellos hubiera impedido el desenlace fatal. Los resultados dejan evidencia además de la falta de coordinación entre los elementos de seguridad asignados en las distintas zonas del Estadio. La falta de profesionalismo del o los encargados de coordinar los efectivos policiales en el Estadio, impidió que advirtieran los puntos de alto riesgo en el mismo. Una muestra de ello, fue que antes del inicio del partido (registrado en video) se aprecia una gresca entre hinchas de ambos equipos en la parte alta del Estadio y un número muy reducido de policías (una señal que debió ser tomada en cuenta por la policía). Pésima organización policial.

Hasta ahora no se ha hecho mención a los testigos, que sin duda son un número importante, y quienes deben haber visto in situ como sucedieron los hechos. Las autoridades deben brindar la seguridad, protección y confianza para que ellos pueden acercarse a rendir su declaración.

La población espera que este hecho no quede impune y se sancione drásticamente a los responsables y co-responsables del fallecimiento del ciudadano Walter Oyarce, sin discriminación del nivel social o económico al que pertenezcan.

Hechando mano del fondo administrado por las AFP´s

Cuando sólo funcionaba en nuestro país el Sistema Nacional de Pensiones, los aportes correspondientes a cada trabajador eran destinados a un Fondo Común, el que servía para pagar las pensiones de las personas que se jubilaban (hasta un determinado monto tope), dependiendo en gran medida el éxito (si se podía llamar así) de dicho mecanismo, del ingreso al sistema de un mayor número de aportantes. Los jubilados accedían entonces a una pensión mínima que no le permitía un retiro digno ni justo, despúes de tantos años de servicio.

Por malas políticas de gobierno y un mal uso de dichos fondos por parte del Estado (una vez más), este mecanismo fracasó y dió paso al Sistema Privado de Pensiones (SPP) promovidas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP´s, que venían con un esquema de negocio distinto y "más justo" para la mayoría, ya que los aportes del trabajador son administrados de manera individual y su pensión estaba estrechamente relacionada con los ingresos que percibían antes de jubilarse, sin limitaciones de montos máximos como en el Sistema Nacional de Pensiones. Menciono que es "más justo para la mayoría" porque aún en este sistema, existe un importante número de trabajadores cuyos ingresos no le permitirían acceder a una pensión de jubilación digna, que le permita cubrir sus necesidades básicas, a una edad en el que ya no resultan muy atractivos para el mercado laboral y les resultaría muy complicado reinsertarse. Creo que en éstos últimos casos, el Estado debe apoyarlos y garantizarles una pensión razonable.

El Congreso está analizando la posibilidad de flexibilizar el mecanismo de Jubilación Anticipada por Desempleo para afiliados mayores a 40 años y que se encuentren desempleados por 12 meses o más, y devolverles el 50% de su cuenta individual.

Actualmente en nuestra normativa, dicha figura establece que un afiliado al SPP (si es mujer a partir de los 50 años y si es hombre a partir de los 55 años) pueda solicitar una pensión siempre y cuando esté desempleado por un mínimo de doce (12) meses. Lo que se pretende entonces es darle la facilidad de acceder a su cuenta individual mucho antes de la edad de jubilación, promoviendo el riesgo de generar condiciones no muy favorables al afiliado a partir de los 65 años, en que legalmente se jubila, vulnerando el objetivo por el que se crean los Sistema de Pensiones sean públicos o privados: otorgarle al jubilado una pensión razonable, que le permita asegurarle una vida digna y acceso al sistema de salud. 

Asimismo, el Congreso plantea que cuando las AFP´s no aseguren una rentabilidad mínima al afiliado, deberán reducir o no cobrar las comisión por la administración de su fondo.

Respecto a las propuestas que viene analizando el Congreso, es necesario hacer los siguientes comentarios:

1. Permitirle al afiliado acceder al 50% o más de su Cuenta Individuial de Capitalización (CIC) pondrá en riesgo la pensión de jubilación cuando cumpla los 65 años, ya que su fondo personal se verá reducido, en una etapa de su vida en la que más necesidad tendrá de el.

2. Si yo decido elegir a una determinada AFP para que administre mi dinero aportado y le pago por ello una COMISIÓN, requiero que dicha empresa actúe con el más alto grado de eficiencia y profesionalismo, a fin de que mi fondo individual tenga un crecimiento razonable que me permita acceder a una pensión interesante. No es muy lógico que alguien administre mi cuenta, que no sea muy eficiente al momento de invertir y en consecuencia obtenga resultados negativos (pérdidas en mi fondo) y me siga cobrando igual. Es decir, no puede ser que yo pierda mi fondo como producto de una o varias malas decisiones al momento de invertirlo (una pérdida implicaría que el portafolio de inversión ha sido mal elegido), y encima la empresa no pierda nunca, porque su comisión no se ve afectada por el mal o buen desempeño que tiene. No es justo definitivamente. 

Sería interesante por lo tanto que: las AFP´s otorguen una rentabilidad mínima asegurada, que varíe para cada uno de los fondos ofrecidos por ellas y cobren como comisión, un porcentaje de acuerdo a las rentabilidades obtenidas en un periodo dado (comisión máxima), aunque estas sean mayores a las establecidas actualmente. Si no se logra superar la rentabilidad mínima, la AFP deberá cobrar el porcentaje en base a dicha rentabilidad. Este modelo permitiría al final de cada ejercicio, compensar a la empresa con una rentabilidad acumulada beneficiosa, en condiciones de justa reciprocidad.