Cuando se pierde la perspectiva en la Lucha contra la corrupción

El domingo 06 de noviembre el Sr. Ollanta Humala - Presidente de la República del Perú, mencionó en una conferencia pública televisada "...que haría bien que el Vicepresidente de la República (refiriéndose al congresista Omar Chehade) dé un paso al costado", evidenciando (por lo menos eso es lo que parecía) que él no avalaría una conducta como la que se le viene atribuyendo a su segundo Vicepresidente, que de comprobarse dicho acto se configuraría como "tráfico de influencias". Parecía pues, que el Presidente le quitaba la confianza y que su lucha contra la corrupción sería implacable sin distingo de quienes se encuentren involucrados en actos de ese tipo.

Luego de esa manifestación pública hecha por el Presidente Ollanta Humala, se esperaba que la misma generará una presión tal, que obligaría al congresista Omar Chehade (por dignidad y considerando que el Presidente le estaba quitando -públicamente- su confianza) a dimitir del cargo de segundo VicePresidente.

Sin embargo, de acuerdo a comentarios realizados por congresistas de diferentes bancadas, no existe legalmente la figura expresa de dimisión del cargo de segundo VicePresidente, por lo que al parecer la única salida la tendría la Comisión de Ética del Congreso. En tal sentido, si dicha Comisión llegara a la conclusión que el congresista Chehade cometió las faltas imputadas, podría sugerir su desafuero, entiendo, por incapacidad moral.

Por lo manifestado, si tomamos en cuenta la interpretación de la Constitución Política del Perú que han hecho algunas personalidades en la semana que pasó, el Comunicado difundido por el congresista Omar Chehade mediante el cual menciona que mientras la Comisión de Etica realice la investigación correspondiente, no asumirá la función de Vicepresidente, no consitutuiría un instrumento legal válido. Desde el punto de vista político, se esperaba un mayor desprendimiento del congresista Chehade quien con este suceso ha perdido mucho, y es poco probable que la imagen personal y profesional proyectada por el durante la campaña electoral (capitalizada adecuadamente), las recupere en el corto o mediano plazo.

De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el cargo de Presidente de la República puede ser vacado -entre otras motivos- por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso o por renuncia aceptada por el Congreso. Si estas opciones son válidas para el Presidente de la República, es totalmente lógico pensar que para los vicepresidentes se pueden aplicar las mismas figuras de vacancia, en el entendido que no podrían tener mayores prerrogativas que el Presidente de la República.

No obstante lo mencionado, es sorprendente que el Presidente Ollanta Humala mencione desde Hawaii (donde se llevaba a cabo el Foro de APEC), que el tema ya esta cerrado y "que el Vicepresidente ya dió el paso al costado", pareciéndole que el comunicado mencionado (documento no oficial) era suficiente para dar por culminado el tema, y que ahora existen en agenda otros temas más importantes. Sin duda, es otro gesto políticamente incorrecto del Presidente, ya que la Política Anticorrupción debe combatirse diariamente y sin miramientos de ningún tipo, con estrategias adecuadas y con un alto compromiso de parte del Estado, de lo contrario su Gobierno se convertirá en más de lo mismo, dejando de lado la posibilidad de desarrollar e implementar "su gran transformación".

Los peruanos esperamos, que los miembros de la Comisión de Etica estén a la altura de las expectativas que hemos puesto en ellos y reviertan con una investigación prolija e imparcial y resultados objetivos, el deterioro de la imagen que este Congreso ha logrado en tiempo record (100 días de gestión).

Debilidades de nuestras fuerzas armadas y policiales

De las Fuerzas Armadas

En la última semana, hemos podido apreciar el nivel de deterioro, vejación y desamparo político y legal en el que se encuentran nuestras fuerzas armadas y policiales.

Para empezar, desde los años 80`s nuestro país vivió el asedio terrorista más desalmado de su historia, acompañando su accionar con coches bombas, matanzas colectivas, secuestro de niños (de los poblados más pobres del interior) para adoctrinamiento y adiestramiento en el uso de armas, aplicación de los cupos (que no era otra cosa que pagar por vivir), asesinatos de personalidades polìticas, gremiales, periodistas y civiles inocentes que no compartieran su "ideología" y cobardes emboscadas en el interior del país.  Habían tomado posesión de zonas geográficas, comúnmente denominadas "zonas rojas" o "zonas de emergencia".

Es por eso que de acuerdo a la constitución, las Fuezas Armadas y la Policìa Nacional tomaron acciones con la finalidad de garantizar, mantener y reestablecer el orden interno de dichas zonas con presencia terrorista, arriesgando los elementos policiales y de las fuerzas armadas, sus propias vidas, en defensa de los ciudadanos, ciudades y pueblos secuestrados por los terroristas.

El inicio de las operaciones terroristas en el interior del país, hizo que muchas familias, por el instinto de sobrevivencia, decidieran mudarse a Lima, a la que veían como una ciudad menos desamparada en cuanto a seguridad y con mayores oportunidades de desarrollo para sus integrantes. Ahi empezó a generarse con más fuerza las migraciones a la capìtal, con las consecuencias que ahora vemos (invasiones y crecimientos mal estructurados, crecimiento de la informalidad, limitación en el accesos a los servicios básicos, incremento de la población ubicada en la línea de pobreza y extrema pobreza, malnutrición infantil, entre otras).

Después del daño causado, ahora estamos frente a un escenario en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende encausar en el Fuero Común (vía un nuevo juicio) a todos los comandos que participaron en la operación de rescate en la Embajada del Japón por las ejecuciones extrajudiciales de tres terroristas. Si bien, un delito como ese merece ser analizado y encausado, no es posible que involucren a todos los que participaron en el. 

Debe separarse entonces la paja del trigo, y centrarse en aquel o aquellos que dieron la orden de hacerlo y en aquellos que lo ejecutaron (sin perder de vista que las fuerzas armadas son instituciones de estrcuturas verticales) y el Gobierno Peruano debe (asumiendo la inocencia de ellos hasta que se pruebe lo contrario) asistir legalmente a los oficiales involucrados en el tema. No todos tiraron del gatillo, no todos dieron la orden. Es a todas luces una recomendación excesiva.

De la Policía Nacional

Con un poco de verguenza ajena, hemos podido apreciar, la forma como la Policía Nacional, ante intervenciones "menores" (personas manejando un auto, con evidencias de un consumo desproporcionado de alcohol), son maltratados, vejados, golpeados, insultados y peor aún grabados en dichas situaciones. Nunca había visto -por lo menos tan explícitamente como ahora- a una Policía Nacional tan débil, tan vapuleada, tan llevada a menos, a vista y paciencia de la población entera, de sus autoridades, de su Ministro del Interior, de su Presidente de la República.

¿Son esos miembros de la Policía Nacional los que combatirán la delincuencia en nuestras calles? ¿Son esos miembros de la Policía Nacional a los que debemos respetar, si ellos mismos institucionalmente no se hacen respetar? ¿Cuán desprotegidos se encuentran sus miembros para permitir ese tipo de actitudes de sujetos visiblemente alterados por el alcohol?

¿Esa es la sociedad que queremos para nuestros hijos: que ante la ineficiencia e inacción de nuestra Policía Nacional, tengamos que aplicar justicia por nuestras propias manos? ¿Que estàn haciendo nuestras autoridades para remediar actitudes como esa? ¿Que esperan para fortalecerla y dotarle de los recursos necesarios?

La única sensación que nos deja las imágenes difundidas, es la de Verguenza Ajena...!!!! Es una pena.

Indignación Global

Este 15 de octubre pasado, se llevó a cabo en 951 ciudades del mundo una de las jornadas de expresión social más grandes a nivel mundial. Dicha jornada tiene como antecedente una serie de protestas ocurridas el 15 de mayo del presente año en España, y cuyo objetivo es la de expresar su rechazo y disconformidad con el dominio predominante de las grandes corporaciones e instituciones financieras a nivel global, cuyos negocios han producido en los últimos años una de las más grandes, sino la mayor crisis mundial de nuestra historia, llevando casi a la bancarrota a países enteros y afectando en gran medida a otros, incrementándose los niveles de desempleo y en consecuencia impidiendo el acceso a la seguridad social, generando además desequilibrios sociales, medio ambientales y económicos, afectando a los que menos tienen y de paso, generando un alto riesgo para las generaciones futuras de nuestros propios países (debido a la degradación de nuestras tierras, nuestra agua y el crecimiento de la brecha entre los que más y menos tienen en términos económicos).

Siempre he pensado que los pueblos tienen un nivel de tolerancia extremadamente alto (algo parecido a una olla de presión), pero que cuando las condiciones del entorno y determinados actos se vuelven recurrentes con un alto grado de desaprobación o malestar popular, producen una sensación de hartazgo bastante elevado, generando en el pueblo reacciones como las ocurridas en nuestro país en 1992 (disolución del Congreso con aprobación mayoritaria del pueblo) y en el 2000 (la Marcha de los Cuatro Suyos en contra de un gobierno con evidentes muestras de corrupción y violación de los derechos humanos).

Ahora, el fenómeno de la globalización ha traído como consecuencia brechas sociales y económicas bastante amplias. Creo que el proceso de globalización ha traído un crecimiento bastante importante en Latinoamérica, pero no obstante ello, el nivel de pobreza no se ha reducido drásticamente, principalmente porque la globalización ha favorecido una mayor utilización de tecnología de punta, favoreciendo un menor uso de mano de obra técnica o profesional y en consecuencia mayores niveles de desempleo e ingresos bajos o muy bajos, que permiten sólo cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, el nivel de exportaciones de productos tradicionales se ha visto incrementado, no obstante aún no logramos dar el salto a la transformación de materias primas que sería intensiva en mano de obra. Sumado a esto, nuestros países latinoamericanos no ejercen o se hacen de la “vista gorda” al momento de fiscalizar a las trasnacionales que explotan nuestros recursos y generan un impacto negativo en nuestro medio ambiente (solo fijémonos en las actuaciones de los sucesivos gobiernos de nuestro país, frente a las mineras formales e informales, en los últimos 20 años).

No obstante lo mencionado, no creo que la globalización como proceso esté mal, sin embargo promover la globalización como un proceso totalmente abierto sin ningún tipo de control de importaciones de productos subvaluados ni protección a la propia industria nacional, creo que es totalmente dañino, ya que ni los propios impulsores de este proceso (países desarrollados) en su aplicación más amplia, lo cumplen.

Por lo tanto, manifestaciones y protestas como las del 15 de Mayo y el 15 de Octubre no deberían sorprendernos, ya que si analizamos los países de nuestra región, la elección de gobiernos con tendencia socialista como Venezuela, Brasil, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú, representan una expresión popular de que el crecimiento advertido en nuestros países requiere de una mayor inclusión social (para que llegue a la mayoría), que no genere sólo apoyo ni creación de programas sociales (que de por sí son buenos para la población de extrema pobreza), sin embargo, si es necesario que promueva la generación de políticas a corto, mediano y largo plazo, con creación de un mayor nivel de empleo, que incentiven la promoción de industrias de productos terminados, que permitan el acceso a la salud, a infraestructura vial para la salida de la materia prima del interior del país, a incentivos para promover una mayor formalidad, implementación de una mayor participación pública-privada en beneficio del Estado, que implementen políticas claras y justas para la mitigación del impacto medio ambiental producidos por las mineras formales (con un compromiso serio de erradicación de la minería informal) y que el esquema de concesión de tierras otorgados por el Estado para la explotación de terceros sea revisado y mejorado.

Los indignados no hacen más que recurrir al derecho que tiene el pueblo (emanado de nuestras constituciones) de hacer sentir su voz (y su malestar), y creo que es el momento de escuchar la llamada de alerta.

La Violencia y el Fútbol

Después de los sucesos ocurridos el sábado 24.09.2011, en el clásico del fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, con el saldo de un hincha aliancista fallecido tras una gresca producida en los palcos, entre hinchas de ambos equipos; solo podemos expresar nuestros mayores deseos de que desenlaces como éste no ocurran nuevamente. Si bien el fútbol desencadena en los hinchas pasiones, euforia, sentimientos y orgullo colectivo, un espectáculo deportivo como el organizado, no debería verse manchado por comportamientos de extrema violencia con consecuencias fatales como los vividos, y los cuales han puesto “una vez más” sobre el tapete las decisiones o estrategias que deberían adoptar las autoridades de gobierno y los mismos clubes deportivos, con la finalidad de evitar actos que afecten la integridad física y la vida de las personas que asisten a un Estadio o espectáculo deportivo.

Debe quedar claro que la actitud y comportamiento de unos cuantos hinchas (desadaptados y extremadamente violentos), no puede ser traducido como un elemento endosable a todos los hinchas de un equipo determinado que alientan, animan y siguen al equipo de sus preferencias.

No obstante lo mencionado, los precedentes de violencia en el fútbol con desenlaces fatales, nos permiten inferir que en ésta –como en anteriores situaciones- no se logrará nada, y el interés por el tema por parte de los llamados a darle solución (Ministerio del Interior, Poder Judicial, INDECI, Clubes Deportivos, Municipalidades y Medios de Comunicación, entre otros) se irá diluyendo en las siguientes semanas. Salvo una decisión política, que promueva una solución real para evitar más tragedias como la sucedida.

El empadronamiento de los hinchas -promovido hace algunos años y dejado en el olvido después- es un requerimiento inicial, y debe ser realizado por los clubes deportivos y su implementación debe ser fiscalizado oportunamente por la autoridad competente (Ministerio del Interior).  Si a esto le agregamos el uso de tecnología (enlazados con la RENIEC, la Policía Nacional y el Poder Judicial), se podría promover el uso del DNI (creo que este documento debe ser ampliado inclusive a aquellos menores de edad de manera obligatoria. Este trámite actualmente es voluntario y se realiza en cualquier Oficina Registral del RENIEC a nivel nacional, por intermedio de la Madre, el Padre, o el Tutor.) en los accesos, con la finalidad de evitar dentro del Estadio a personas con antecedentes delicuenciales, que permita mejorar razonablemente el clima interno durante el evento, al dejar de lado elementos nocivos y disociadores, que tienden a promover e incitar los actos de violencia.

Las Municipalidades tienen una gran responsabilidad igualmente, y deben ser ellos con el apoyo de Defensa Civil, quienes previo al evento deportivo (o a cualquier evento que congregue multitudes), verifiquen conjuntamente con los organizadores si el evento cuenta con elementos que aseguren la existencia de vías de evacuación ante siniestros, resguarden la integridad física y la vida de los asistentes y el registro visual de actos vandálicos y/o de alto riesgo (si esto no lo hacen debería estar dentro de sus funciones), cuyas probabilidades de ocurrir son altos en los partidos, y con mayor razón en los clásicos deportivos. Si algún elemento de seguridad no se encuentra adecuadamente implementado, la Municipalidad debe impedir la realización del evento. Sería necesario inclusive, que durante el evento se designe a un grupo de fiscalizadores municipales con el apoyo de Defensa Civil, con la debida autoridad para requerirle al organizador, las correcciones que sean necesarias efectuar, bajo pena de multa.

El Ministerio del Interior, no puede excusarse diciendo que como los palcos eran propiedad privada no podían asignar policías a dicha zona. Nadie pide que los policías estén dentro de los palcos, pero si hubieran estado en número suficiente en cada pasadizo de la zona de palcos, es posible que la reacción de ellos hubiera impedido el desenlace fatal. Los resultados dejan evidencia además de la falta de coordinación entre los elementos de seguridad asignados en las distintas zonas del Estadio. La falta de profesionalismo del o los encargados de coordinar los efectivos policiales en el Estadio, impidió que advirtieran los puntos de alto riesgo en el mismo. Una muestra de ello, fue que antes del inicio del partido (registrado en video) se aprecia una gresca entre hinchas de ambos equipos en la parte alta del Estadio y un número muy reducido de policías (una señal que debió ser tomada en cuenta por la policía). Pésima organización policial.

Hasta ahora no se ha hecho mención a los testigos, que sin duda son un número importante, y quienes deben haber visto in situ como sucedieron los hechos. Las autoridades deben brindar la seguridad, protección y confianza para que ellos pueden acercarse a rendir su declaración.

La población espera que este hecho no quede impune y se sancione drásticamente a los responsables y co-responsables del fallecimiento del ciudadano Walter Oyarce, sin discriminación del nivel social o económico al que pertenezcan.

Hechando mano del fondo administrado por las AFP´s

Cuando sólo funcionaba en nuestro país el Sistema Nacional de Pensiones, los aportes correspondientes a cada trabajador eran destinados a un Fondo Común, el que servía para pagar las pensiones de las personas que se jubilaban (hasta un determinado monto tope), dependiendo en gran medida el éxito (si se podía llamar así) de dicho mecanismo, del ingreso al sistema de un mayor número de aportantes. Los jubilados accedían entonces a una pensión mínima que no le permitía un retiro digno ni justo, despúes de tantos años de servicio.

Por malas políticas de gobierno y un mal uso de dichos fondos por parte del Estado (una vez más), este mecanismo fracasó y dió paso al Sistema Privado de Pensiones (SPP) promovidas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP´s, que venían con un esquema de negocio distinto y "más justo" para la mayoría, ya que los aportes del trabajador son administrados de manera individual y su pensión estaba estrechamente relacionada con los ingresos que percibían antes de jubilarse, sin limitaciones de montos máximos como en el Sistema Nacional de Pensiones. Menciono que es "más justo para la mayoría" porque aún en este sistema, existe un importante número de trabajadores cuyos ingresos no le permitirían acceder a una pensión de jubilación digna, que le permita cubrir sus necesidades básicas, a una edad en el que ya no resultan muy atractivos para el mercado laboral y les resultaría muy complicado reinsertarse. Creo que en éstos últimos casos, el Estado debe apoyarlos y garantizarles una pensión razonable.

El Congreso está analizando la posibilidad de flexibilizar el mecanismo de Jubilación Anticipada por Desempleo para afiliados mayores a 40 años y que se encuentren desempleados por 12 meses o más, y devolverles el 50% de su cuenta individual.

Actualmente en nuestra normativa, dicha figura establece que un afiliado al SPP (si es mujer a partir de los 50 años y si es hombre a partir de los 55 años) pueda solicitar una pensión siempre y cuando esté desempleado por un mínimo de doce (12) meses. Lo que se pretende entonces es darle la facilidad de acceder a su cuenta individual mucho antes de la edad de jubilación, promoviendo el riesgo de generar condiciones no muy favorables al afiliado a partir de los 65 años, en que legalmente se jubila, vulnerando el objetivo por el que se crean los Sistema de Pensiones sean públicos o privados: otorgarle al jubilado una pensión razonable, que le permita asegurarle una vida digna y acceso al sistema de salud. 

Asimismo, el Congreso plantea que cuando las AFP´s no aseguren una rentabilidad mínima al afiliado, deberán reducir o no cobrar las comisión por la administración de su fondo.

Respecto a las propuestas que viene analizando el Congreso, es necesario hacer los siguientes comentarios:

1. Permitirle al afiliado acceder al 50% o más de su Cuenta Individuial de Capitalización (CIC) pondrá en riesgo la pensión de jubilación cuando cumpla los 65 años, ya que su fondo personal se verá reducido, en una etapa de su vida en la que más necesidad tendrá de el.

2. Si yo decido elegir a una determinada AFP para que administre mi dinero aportado y le pago por ello una COMISIÓN, requiero que dicha empresa actúe con el más alto grado de eficiencia y profesionalismo, a fin de que mi fondo individual tenga un crecimiento razonable que me permita acceder a una pensión interesante. No es muy lógico que alguien administre mi cuenta, que no sea muy eficiente al momento de invertir y en consecuencia obtenga resultados negativos (pérdidas en mi fondo) y me siga cobrando igual. Es decir, no puede ser que yo pierda mi fondo como producto de una o varias malas decisiones al momento de invertirlo (una pérdida implicaría que el portafolio de inversión ha sido mal elegido), y encima la empresa no pierda nunca, porque su comisión no se ve afectada por el mal o buen desempeño que tiene. No es justo definitivamente. 

Sería interesante por lo tanto que: las AFP´s otorguen una rentabilidad mínima asegurada, que varíe para cada uno de los fondos ofrecidos por ellas y cobren como comisión, un porcentaje de acuerdo a las rentabilidades obtenidas en un periodo dado (comisión máxima), aunque estas sean mayores a las establecidas actualmente. Si no se logra superar la rentabilidad mínima, la AFP deberá cobrar el porcentaje en base a dicha rentabilidad. Este modelo permitiría al final de cada ejercicio, compensar a la empresa con una rentabilidad acumulada beneficiosa, en condiciones de justa reciprocidad.

La minería informal y el Congreso

Considerando lo variopinto de nuestro escenario político, ya nada de lo pueda ocurrir en el nos sorprende. Y es que si continuamos realizando las mismas actuaciones de la misma forma, no pretendamos cambiar el resultado del proceso.

Y en ese sentido, se ha dejado evidencia que un padre de la patria -Amado Romero- logró ser elegido, y aprovechando las facultades que le da su representación, buscó beneficiar a la minería informal del cual forma parte (al haber obtenido concesiones de amplias extensiones de terreno, con el fin de incentivar, promover y lograr usufructos de tan rentable e informal negocio). Su participación, ahora desde el Congreso, pretendería -como parte de su agenda personal- convertir en legal aquello que esta "prohibido", como el de eliminar la restricción del uso de dragas en la actividad mencionada.

Sin duda, en determinadas zonas del interior del País, el Estado no ha logrado imponer el nivel de autoridad requerido, permitiendo que una actividad como ésta siga depredando sin ningún control nuestra amazonía (en desmedro de las generaciones presentes y futuras de la zona y eventualmente de nuestro país). En dichas condiciones, podría resultar evidente que los usos y costumbres de dicha zona, hayan permitido que la minería informal genere una cultura imperada por los actos de corrupción en los estamentos judiciales y policiales. No se explica de otra forma, que el área que la minería informal viene expolotando en la zona, haya logrado incrementarse de manera importante y con ello, negocios como la prostitución, a vista y paciencia de la población y de sus autoridades, que no hacen nada o son poco efectivos a la hora de enfrentarlos.

Cabe precisar, que la Constitución Política del Perú, menciona que es el Estado el que debe promover el uso sostenible de sus recursos naturales, la conservación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. ¿El Estado viene cumpliendo con dicho mandato?. Definitivamente no.

Nada de esto cambiará si seguimos haciendo las cosas de la misma forma. Y depende del Estado y del propio Congreso para que esto no ocurra: el Estado definiendo políticas y procedimientos claros y viables en el uso responsable de nuestros recursos y en la generación de niveles de control y fiscalización permanentes y adecuados (soportado por personal con virtudes éticas y morales, con calificaciones adecuadas, ofreciéndoles condiciones de trabajo y niveles remunerativos adecuados) y el Congreso promoviendo condiciones mínimas y perfiles mínimos profesionales para postular al Congreso, logrando por lo menos un Congreso más educado. ¿Es pedir demasiado?. Creo que no. Por cargos de menos responsabilidad y de mucho menor remuneración, las empresas privadas y entidades públicas "exigen" perfiles profesionales más competitivos que los requeridos por la Constitución para ser Congresista (ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio). 

Una decisión como esa, pasa por un esquema de autovaloración y autocrítica de sus miembros. ¿Sera posible que el Congreso tome una decisión de esa naturaleza, generando un cambio acorde con las condiciones actuales de competitividad, productividad y eficiencia?. Tienen cerca de 5 años de representación para aquellos que no lo tienen, para lograr una evolución profesional razonable (si desean postular nuevamente al Congreso), que permita una participación más activa de sus miembros, se encuentren mejor calificados para cumplir con las funciones propias del Congreso, y en consecuencia, ejerzan su labor de representación de acuerdo a las expectativas de sus votantes y en beneficio de la mayoría.

Existen grandes desafíos para este Gobierno y su bancada, por lo que esperamos que logren efectivamente hacer las cosas de manera distinta, de tal forma que ello permita obtener resultados concretos y efectivos.

Imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado

Es bueno saber que a poco tiempo de asumir sus funciones, la Comisión de Constitución del Congreso haya aprobado el Proyecto de Ley que establece la responsabilidad no solo de los funcionarios o servidores del Estado que son corrompidos, sino también de aquellos que corrompen.

En un proceso de contratación de servicios o de adquisición de bienes que realizan las Entidades del Estado, la corrupción facilita a aquellos que corrompen, lograr un resultado beneficioso para sus intereses, que bajo un procedimiento llevado a cabo de manera regular y transparente les sería imposile conseguir o para asegurarse anticipadamente su adjudicación ante cualquier competencia importante que pudiera presentarse en el proceso de selección, vulnerando de esta forma los principios de moralidad, imparcialidad, eficiencia y trato justo e igualitario, entre otros, establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, la acción corrupta es generalmente recíproca, ya que ambos obtienen beneficios en detrimento del patrimonio del Estado (sobre todo si consideramos que cualquier monto negociado bajo la mesa, es trasladado siempre al Estado), calculándose que anualmente se pierde aproximadamente S/. 5,000 millones por este motivo.

Por lo expuesto, y de acuerdo a lo manifestado en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley mencionado "...nada contribuye más a la repetición crónica de los mismos que la falta de sanción efectiva a los responsables. La impunidad de los actos de corrupción debilita la credibilidad de la ciudadanía en los poderes públicos y contribuye a la consolidación de una cultura ciudada tolerante con dichos actos".

De la misma forma, y complementando las modificaciones que plantea el Proyecto de Ley en materia de lucha anticorrupción, resultaría conveniente analizar las excepciones que la Ley de Contrataciones establece para obviar los procedimientos previstos en un proceso de selección. Me refiero a los Procesos por Exoneración, cuyo abundante uso en los últimos años, requiere una revisión exhaustiva por parte de la Contraloría, con la finalidad de determinar si las condiciones en las que se realizaron, se encuentran  debidamente sustentadas y justificadas.

Dicho lo anterior y no obstante la buena noticia mencionada, dicha aprobación del Proyecto de Ley al parecer no sería aún definitiva, al ser necesario que el Pleno del Congreso lo apruebe, por lo que esperamos una discusión alturada y civilizada, y una muestra de coherencia y sensatez al momento de decidir su aprobación.

Hay muchas cosas por hacer y muchos elementos que analizar en la lucha contra la corrupción. Espero que éste sea el primer paso del Gobierno entrante, como parte de su política anticorrupción.

Ingreso de Productos Transgénicos en el Perù

La situación planteada sobre la posibilidad de que el Congreso mantenga o elimine una moratoria impulsada por el Congreso, ha puesto sobre el tapete un tema de vital importancia para los consumidores peruanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, en un Informe publicado en el 2004, sobre la situación de la agricultura y la alimentación menciona que "...La biotecnología es un complemento, y no un sustituto, en muchas esferas de la investigación agrícola convencional. Ofrece una variedad de instrumentos para mejorar nuestra comprensión y ordenación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Esos instrumentos están contribuyendo ya a los programas de mejoramiento y conservación y facilitando el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de las plantas y los animales. La aplicación de la biotecnología proporciona al investigador nuevos conocimientos e instrumentos que aumentan la eficacia de su trabajo...".

En un análisis más ampllio del contenido de dicho informe, manifiesta que la biotecnología permitiría modificar genéticamente los productos agrícolas, con la finalidad de mejorar algunas características propias, como la tolerancia a ciertos componentes de la tierra así como a condiciones desfavorables como la sequía, la salinidad del suelo y las temperaturas extremas. Permitiría asimismo, la resistencia a determinadas plagas, transferencia de genes para mejora del producto, entre otros de importancia. Por lo tanto, en teoría, países con altos niveles de pobreza podrían verse favorecidos con este tipo de productos genéticamente modificados, mejorando notablemente su nutrición y la salud poblacional.

No obstante lo mencionado, aún no son conocidas las consecuencias de consumir estos productos transformados con contenido transgénico, ni de sembrar semillas genéticamente modificadas y su impacto sobre las plantaciones aledañas, por lo que esa simple y poderosa razón debería ser el argumento fundamental para prohibir su ingreso a nuestro país (como ya lo hicieron otros de la región). No podemos correr el riesgo de masificar el consumo de estos productos, sin conocer si la ingesta de estos productos puede desencadenar efectos secundarios no pevistos en el organismo o en la genética de los sembríos tratados de manera tradicional.

Por otro lado, la Asociación Peruana de Consumidores - ASPEC ha manifestado que a nuestro país ingresan hace algún tiempo, productos transformados con contenido transgénico sin que estos sean advertidos en la información proporcionada en el envase, y existiría por parte de las empresas importadoras un fuerte recelo a publicarlos, argumentando que la proporción en su composición es muy pequeña y el costo del proceso de incorporar esa información es alto.

Los consumidores lo único que requerimos es que nos proporcionen información precisa y comprobada sobre la inocuidad de dichos alimentos y/o sus posibles efectos secundarios sobre nuestra reserva agrícola tradicional. Dependerá de ello, que el Poder Legislativo promueva o no el ingreso de dichos productos genéticamente modificados, y genere previamente una corriente de opinión y debate entre asociaciones de consumidores, gremios, autoridades e instituciones involucradas en el tema, de tal forma que la decisión no esté sesgada y orientada a intereses particulares.